mayo 4 de 2023
En conversaciones cotidianas de empresarios y ciudadanos, que contribuyen con sus impuestos a que el Estado cumpla con sus diversas obligaciones, es común escuchar “Claro que hay que pagar impuestos, pero el problema no es sólo que cada vez son más cuantiosos, sino que no hay claridad de cómo los invierten o cómo se los gastan”, otros de manera más osada señalan “uno pagaría con más gusto los impuestos si estos se invirtieran bien, si no se fueran a la corrupción desbordante que existe en el país”.
Es claro que en toda sociedad organizada es necesario que empresas y ciudadanos contribuyan con los impuestos, tasas, y gravámenes para que las autoridades públicas puedan prestar los servicios que le corresponden, infraestructura, justicia, educación, acueducto, saneamiento básico entre otros, pero más allá de la temática del cálculo, proporción y equidad de los impuestos, lo que daría para otra discusión, hay otro tema de inquietud y es que los contribuyentes tengan la tranquilidad que sus impuestos se invierten bien.
En nuestro país, a pesar de que la Constitución Nacional en su artículo primero expresa que “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales...” esa predicada autonomía de las entidades territoriales se ve en la practica muy menguada, en especial por lo precario de los presupuestos municipales, los impuestos más importantes, como el de renta por ejemplo, se pagan al gobierno central, quien define su utilización en unos presupuestos nacionales que, de un lado poco consultan las realidades locales y de otro lado para que los flujos de esos dineros lleguen a los proyectos de los entes territoriales, tienen que circular por diversas entidades del gobierno central, las cuales ponen talanqueras de todo tipo, así pues que es difícil hablar de autonomía municipal si esta no está acompañada de presupuestos que le permitan a estos entes desarrollar sus territorios dentro del marco de sus prioridades y sus necesidades. Incluso muchos consideran que el centralismo tributario no sólo es una de las causas más importantes del subdesarrollo sino también de elevados índices de corrupción.
Dentro de este panorama surge una figura jurídica que, si bien puede mejorarse mucho, hoy es una oportunidad para que las Empresas, independientemente de su actividad económica y su domicilio principal, en vez de enviar todo lo que les corresponde por impuesto de renta, al gobierno central, pueden invertir directamente en proyectos de alto impacto de infraestructura, vías terciarias, educación, salud pública, acueductos, alcantarillados etc. En aquellos municipios que han sido clasificados como municipios más afectados por el conflicto armado (ZOMAC/PEDT). La ley establece que podrán invertir hasta el 50% de su impuesto a cargo a través de este mecanismo de Obras por Impuestos, y para poder clasificar, en esta forma de pagar el impuesto de renta, deben tener ingresos brutos/año de más de $1.425.000.000.
Si bien este mecanismo, en mi criterio, debería ser más amplio, dado que limitarlo a los municipios ZOMAC/PEDT no anima mucho a quienes no están asentados en estas localidades, para las Empresas del Oriente Antioqueño es una oportunidad inmensa, en la medida que nos permite contribuir con los municipios hermanos que hoy tienen esta categoría (12 en total), estos territorios tienen enormes brechas de desarrollo y niveles de pobreza por encima de los del altiplano, las cuales no podrán superarse si siguen pendientes de un presupuesto nacional que no llega o que se queda en los vericuetos del camino que viene de Bogotá. Es por ello que invitamos a las Empresas CEO a que hagamos un esfuerzo conjunto, y mediante este mecanismo contribuyamos a que nuestros impuestos transformen estas localidades, para que en ellas pueda florecer el emprendimiento, la libertad de empresa y el desarrollo de sus gentes.
